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    Financiamiento ilícito… ¿ahora?

    Financiamiento ilícito… ¿ahora?
    ¿Por qué seguirá siendo tan riesgoso invertir dinero en Cuba?
    Viernes, julio 7, 2017 | Alberto Méndez Castelló

    LAS TUNAS, Cuba.- Viajando del aeropuerto de Camagüey al de Miami,
    compartí asiento con un joven cubanoestadounidense. Durante el vuelo, mi
    compañero de viaje me dijo que aunque ya era ciudadano americano, pasaba
    poco tiempo en Estados Unidos, sólo el necesario para “hacer dinero y
    volver” a la isla, aseguró.

    Velando por sus tierras y ganados, el joven se había convertido en una
    suerte de ranchero en Cuba, y de ahí su entusiasmo y reiterados viajes
    de vuelta. Por supuesto, no me interesó saber cómo el cubanoamericano
    hacía dineros en Estados Unidos, pero —motivos obvios— el ya histórico
    estatismo castrocomunista en la propiedad privada me hizo preguntar: “¿Y
    no teme perder su dinero invirtiéndolo en Cuba?”

    “En lo absoluto, no hay nada que temer”, respondió. “Yo pongo el dinero,
    pero todo está a nombre de un pariente, producimos carne y leche y la
    vendemos al Estado y no nos metemos en política; en Cuba si usted no se
    mete en política, nadie se mete con usted”.

    El cubanoestadounidense, que, aunque no se mete “en política” quizás al
    menos lee la prensa oficial cubana, ahora estará recordando la pregunta
    que a bordo de un avión, allá por 2014, le hizo un desconocido: “¿Y no
    teme perder su dinero invirtiéndolo en Cuba?”

    Resulta que el pasado junio, el Consejo de Ministros presidido por el
    general Raúl Castro aprobó modificaciones a la ley agraria del 20 de
    septiembre de 2012, concerniente al usufructo de tierras ociosas, y
    ahora (antes no) a las 16 prohibiciones que daban lugar a la extinción
    del uso privado de esos terrenos estatales baldíos, añadió lo que
    pareciera obvio en otro momento: “La utilización de financiamientos
    ilícitos.”

    ¿Financiamientos ilícitos…? ¿A estas alturas…? ¿Luego de chapear tanto
    marabú?… se preguntará el lector.

    El dinero presuntamente proveniente de robos, malversaciones, tráfico de
    drogas, de armas, prostitución… en fin, sospechosamente mal habido, en
    cualquier lugar del mundo civilizado es investigado bajo la consabida
    regla de inocencia hasta que no se pruebe la culpa, pero en Cuba, esas
    averiguaciones tienen otras connotaciones.

    Allá por los años 90, no pocos cubanos fueron a la cárcel y perdieron
    sus propiedades acusados de enriquecimiento ilícito, según la conocida y
    de triste recordación “ley maceta”.

    En Puerto Padre, Ramón Pérez, un campesino, perdió su ganado por aquella
    “ley”; y a Martell, un constructor, le fueron expropiados herramientas,
    instrumentos de trabajo, dinero y hasta bienes de su familia. Más tarde,
    en los años 2000, activistas políticos, de derechos humanos y
    periodistas opositores al régimen, engrosarían una suerte de lista negra
    en el Banco Central de Cuba.

    De tal suerte, el general Raúl Castro promulgó en diciembre de 2013 el
    Decreto-Ley No. 317, “De la prevención y detección de operaciones en el
    enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo, a
    la proliferación de armas y al movimiento de capitales ilícitos.”

    El Banco Central de Cuba es la autoridad rectora de esa legislación,
    asistido por los ministerios del Interior, Exterior, Justicia y la
    Fiscalía General de la República.

    Adscripta al Banco Central de Cuba y subordinada directamente a su
    Superintendente, está la Dirección General de Investigación de
    Operaciones Financieras, integrada por la Dirección de Inteligencia
    Financiera, la Dirección de Prevención y Enfrentamiento y las
    Direcciones Regionales para Occidente, Centro y Oriente de Cuba.

    Hacia el exterior, el ministerio del Interior apoya a la Dirección
    General de Investigación de Operaciones Financieras a través de
    Interpol, y en el área doméstica, actualiza la lista que en Cuba existe
    sobre personas vinculadas al lavado de dinero, movimiento de capitales
    ilícitos u otras conductas afines a través de la Policía Nacional
    Revolucionaria (PNR).

    Todas las instituciones financieras cubanas, incluso las que proveen
    servicios de remesas y cambio de moneda extranjera, están sujetas al
    precitado Decreto-Ley No. 317, así, “están obligadas” a conocer a sus
    clientes y usuarios.

    La “debida diligencia” exigida a todas las entidades financieras
    cubanas, conocida en la jerga bancaria como “conozca a su cliente”,
    incluye la información sobre “el verdadero dueño, controlador del
    negocio o el beneficiario final”.

    Esto conlleva a que si usted va a realizar una transacción en efectivo y
    sobrepasa los 10 000 CUC o 30,000 pesos, al momento, no sólo deberá
    mostrar su identificación o pasaporte, sino también declarar en un
    documento habilitado a ese efecto, el origen de ese dinero y cuál será
    su destino.

    Nadie en Cuba puede poseer tierras o ganados sin integrarse a una
    Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS), una Cooperativa de Producción
    Agropecuaria (CPA) o una Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC).
    A través de esas “formas de producción cooperativa”, en lo político
    dirigidas por el Partido Comunista de Cuba (PCC) y en lo
    técnico-administrativo por el Ministerio de la Agricultura, es como el
    agricultor y el ganadero cubano hacen —o intentan hacer— su trabajo.

    El agricultor y el ganadero por sí mismos ni compran ni venden. Son las
    CCS, CPA y UBPC las que a través de cheques bancarios por ellos hacen
    operaciones financieras. Y sabido es: hoy en Cuba hay miles de hectáreas
    de tierras en producción gracias a dólares enviados a las familias
    campesinas cubanas por sus parientes en Estados Unidos.

    Por derecho consuetudinario (el de la costumbre), al aportar capital
    esos familiares cubano-estadounidenses de forma material o moral también
    son dueños de lo producido en Cuba, ¿quién lo duda?

    Según fuentes oficiales, de “2008 y hasta septiembre de 2016, se han
    entregado un millón 917 mil hectáreas de tierras, que representan el 31%
    de la superficie agrícola del país”. En esos terrenos hay miles de
    dólares, euros, yenes… de padres, madres, hermanos, hijos, amigos…,
    llegados a suelo cubano, y es de dudar, por inmoral, que luego de años
    de venir labrando esos campos, o de tratar de hacerlos labrantíos, ahora
    extingan usufructos agrarios o expropien sus cosechas a un campesino por
    “la utilización de financiamientos ilícitos”.

    Source: Financiamiento ilícito… ¿ahora? CubanetCubanet –
    www.cubanet.org/actualidad-destacados/financiamiento-ilicito-ahora/

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