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    Poder y paladares, una relación ambigua

    Poder y paladares, una relación ambigua
    Un reportaje de ‘Granma’ refleja de manera inusualmente objetiva algunas
    de las limitaciones que lastran el desempeño de los restaurantes privados
    MIRIAM CELAYA, La Habana | Noviembre 16, 2016

    Pocas veces la prensa oficial ofrece algún trabajo periodístico de
    interés, por eso es de agradecer un reportaje publicado pocos días
    atrás, a raíz de los controles realizados recientemente por el Gobierno
    a un total de 32 restaurantes privados de La Habana ( Restaurantes
    privados en la capital. Control y éxito, ¿en ese orden?, de Yudy Castro
    Morales), un texto que refleja de manera inusualmente objetiva algunas
    de las limitaciones que lastran el desempeño de los restaurantes
    privados de La Habana.

    Semanas antes, el monopolio de prensa estatal se había referido a
    ciertas irregularidades que se habían detectado en el sector, tales como
    violaciones en las regulaciones urbanísticas, ilegalidades en los
    trámites de compraventa de viviendas, “la importación de mercancías con
    fines comerciales”, la evasión fiscal y la violación de los límites
    establecidos para la actividad para las que les fue extendida la licencia.

    De manera indirecta se sugería también que algunos de estos
    establecimientos se habían convertido en “escenarios para el expendio de
    drogas, el proxenetismo y la prostitución”, así como de lavado de
    dinero, lo que constituye colateralmente un reconocimiento tácito de la
    proliferación de males inconfesables dentro de la pulcra sociedad
    socialista.

    Todo esto, unido al cierre de numerosos restaurantes y cafeterías, y a
    la suspensión de la entrega de nuevas licencias para esta modalidad del
    trabajo por cuenta propia, creó un clima de incertidumbre sobre el
    destino de los negocios particulares dedicados a la restauración,
    popularmente conocidos como paladares.

    Esta incertidumbre ahora tiende a disiparse, al menos parcialmente,
    cuando el periódico más oficial de Cuba no solo aborda los resultados de
    la mencionada inspección en la capital, sino que difunde los testimonios
    críticos y los reclamos de varios propietarios de algunos de los
    restaurantes privados de la capital.

    La ausencia de consignas revolucionarias y de alusiones
    político-ideológicas de las que habitualmente sobrecargan los textos de
    la prensa oficial son otro rasgo inusitado del texto, e igualmente
    sorprende, en cambio, la utilización desprejuiciada de términos tan
    demonizados como “restaurantes privados”, “negocio”, “prosperidad”,
    entre otros.

    En realidad, los problemas detectados por los fiscalizadores estatales
    durante las inspecciones no constituyen en sí mismos una novedad:
    violaciones en el horario de cierre, la contratación directa de los
    artistas que amenizan en algunos locales privados –sin mediación de una
    agencia estatal en la cual deberían estar inscritos–, problemas en los
    contratos a los empleados, contaminación sonora, mercancías ilícitas,
    contrabando y delito de receptación, son trasgresiones reales y
    conocidas tanto en el sector privado como en el estatal.

    Por esa causa, algunos rumores perspicaces consideran que la estrategia
    oficial consistió en hacer una selección de ciertos restaurantes de
    reconocido prestigio y ofrecerles ventajas legales a cambio de apegarse
    a ciertas normas y compromisos con sectores del empresariado estatal. Al
    mejor estilo mafioso, el Estado-Padrino protege a quienes les son leales.

    De ser cierto tal rumor tampoco constituiría una novedad. Es vox populi
    –aunque, obviamente, incontrastable– que algunos de los dueños de las
    paladares más exitosas tienen algún tipo de vínculo con el poder y han
    gozado de la tolerancia oficial a cambio de acatamiento político,
    fingido o no.

    El mecanismo de compromiso/control ideológico es una práctica de vieja
    data (también) en el sector gastronómico. Durante las décadas de los 70
    y 80, la administración de los restaurantes, bares y cafeterías –todos
    estatales– eran plazas de trabajo muy codiciadas puesto que constituían
    fuentes constantes y seguras de ingresos ilícitos, a partir del
    contrabando de productos desviados de la red oficial y vendidos a
    sobreprecio en el mercado negro.

    Quienes no han vivido en una sociedad marcada por las carencias y sujeta
    a una cartilla de racionamiento como fuente esencial de adquisición de
    alimentos, quizás no entiendan el enorme poder económico que se deriva
    de la administración de productos alimenticios.

    Tan significativas eran las ganancias en el sector gastronómico y tan
    reñidos los puestos de administración en los establecimientos puntera
    –díganse restaurantes prestigiosos como el Polinesio, La Torre, El
    Conejito, el Mandarín, Las Bulerías, Montecatini, entre muchos otros–
    que la Empresa de Restaurantes de Lujo de la capital otorgaba dichas
    plazas a “cuadros” del Partido Comunista y a dirigentes intermedios con
    un probado historial de lealtad al sistema.

    Este procedimiento clientelar creó una suerte de clase media encubierta
    cuyas ventajas sobre la clase trabajadora se basaban en una capacidad de
    acceso a bienes de consumo y de servicios que no estaban al alcance de
    aquella; ni más ni menos, de la misma forma que el nivel de vida y la
    capacidad de consumo de los actuales propietarios privados de las
    paladares más exitosas está muy por encima de las posibilidades de la
    gran mayoría de los cubanos.

    La diferencia entre aquellos administradores estatales de antaño y los
    propietarios actuales, es que los primeros traficaban con bienes
    públicos, puesto que la propiedad privada estaba proscrita, y los
    segundos operan con capitales privados, pero el denominador común entre
    ellos es que el Poder –que dispensa a su arbitrio la permisión, el
    castigo o el perdón– los controla y manipula a partir de la dependencia
    de las ilegalidades para prosperar, por parte de ambos.

    Así, la prosperidad del administrador privado depende hasta hoy de su
    habilidad para malversar los bienes del Estado que le son encomendados,
    sin ser descubierto; en tanto el éxito del propietario privado depende
    de su habilidad para violar la legalidad, sea accediendo al mercado
    subterráneo para adquirir los bienes que necesita, sea evadiendo
    impuestos y otras regulaciones.

    Ahora bien, lo realmente novedoso del reportaje periodístico en este
    caso, es que se haya dado espacio en la prensa gubernamental a la voz de
    las presuntas víctimas –los siempre vilipendiados propietarios privados,
    o “emprendedores” –, y que éstas se hayan expresado críticamente y con
    tanta libertad acerca de las múltiples limitaciones que les impone el
    sistema de trabajador por cuenta propia.

    Entre las mayores limitaciones que se enumeraron se incluyen la
    inexistencia de un mercado mayorista y la insuficiente oferta de las
    redes minoristas, la imposibilidad de vincularse a entidades
    importadoras con el fin de adquirir insumos y equipamientos deficitarios
    en las redes minoristas, la expresa prohibición al sector privado de
    importar productos que no se comercializan por las entidades estatales,
    entre ellos ciertas bebidas alcohólicas de amplia demanda, la
    restricción del número de sillas permitidas (50 en total, tanto por
    permiso de cafetería como de restaurante), lo que “atenta contra el buen
    desenvolvimiento del negocio”, especialmente en aquellos que prestan
    servicios a las agencias turísticas oficiales, quienes en ocasiones,
    ante la gran demanda y los limitados asientos autorizados, se ven
    empujados a incumplir con esos contratos.

    Las críticas alcanzaron incluso a los centros nocturnos estatales y de
    gestión cooperativa, calificados por los dueños de paladares como
    insuficientes que “no ofrecen servicios de calidad”, lo que hace pensar
    que quizás en un plazo relativamente cercano y ante la creciente marea
    de turistas, este tipo de establecimiento –hasta ahora un coto
    exclusivamente estatal– puede pasar a ser otro espacio en manos privadas.

    “Estamos dispuestos a pagar los impuestos que se establezcan (…) pero
    queremos negocios prósperos”, señaló uno de ellos, evidenciando
    implícitamente la capacidad financiera que ha alcanzado la élite del sector.

    Pero el reportaje permite, además, percibir ciertos matices que hacen
    una diferencia mínima, pero significativa, en un periodismo
    habitualmente chato y acrítico. Es el caso, por ejemplo, del propietario
    que, como contribuyente, exigió conocer más sobre el destino de los
    impuestos que aporta al presupuesto del Estado; algo que hasta hace muy
    poco tiempo era considerado una herejía.

    Por supuesto, son señales tenues y escasas, pero anticipan la posible
    evolución del capital privado, aunque reducido a un sector élite que,
    pese a su fragilidad, comienza a sentirse autónomo y se reconoce útil y
    necesario para la supervivencia de un sistema obsoleto, improductivo y
    en crisis.

    Por supuesto, no se han publicado respuestas oficiales a los reclamos de
    los propietarios privados. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto de
    “permitido” o cuánta dosis de audacia encierran en realidad este
    infrecuente reportaje periodístico y estas exigencias. Por el momento,
    vale la pena seguir atentamente el destino de los restaurantes privados
    habaneros. No hay que olvidar el viejo refrán que dice: Dios escribe
    recto con renglones torcidos.

    Source: Poder y paladares, una relación ambigua –
    www.14ymedio.com/opinion/Poder-paladares-relacion-ambigua_0_2109988985.html

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