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    La sociedad civil denuncia ante la ONU

    La sociedad civil denuncia ante la ONU
    BORIS GONZÁLEZ ARENAS | La Habana | 16 de Junio de 2016 – 9:05 am.

    Los problemas que a veces parece tener la comprensión del término
    sociedad civil se derivan, entre otras razones, de que los fenómenos
    sociales se manifiestan de modo muy diverso como para que su estructura,
    estrategias de trabajo, número de miembros y fuentes de financiamiento
    sean variables aunadas en un término claro.

    Otro elemento esencial es lo fortuito. Personas que son ajenas a
    cualquier tipo de movilización pueden verse arrastradas hacia el centro
    de movimientos civiles, extraordinarios por la implicación en que de
    pronto se encuentran envueltos. Cuando en Cuba, durante la Primavera
    Negra en el año 2002, 75 activistas políticos por la democracia —todos
    hombres a excepción de Martha Beatriz Roque— fueron detenidos y
    condenados a largas penas de prisión, sus esposas conformaron el
    movimiento Damas de Blanco por la reivindicación de su libertad. Su
    éxito determinó que, cerca de diez años después, todos salieran de la
    cárcel y que el movimiento Damas de Blanco se convirtiera en una de las
    más importantes organizaciones de reivindicación democrática en toda la
    historia de Cuba.

    Nuestro país comparte las imprecisiones del término sociedad civil con
    dificultades autóctonas. El Estado cubano, animado por presupuestos
    autoritarios, con un solo partido, un conjunto de organizaciones de
    masas que son el comienzo y el fin de toda la participación política
    permitida, y engranajes paramilitares y paraestatales que atraviesan las
    instituciones con una capacidad de determinación extraordinaria, añade
    importantes obstáculos a los conflictos naturales para el trabajo de la
    sociedad civil.

    En el manual Trabajando con el Programa de las Naciones Unidas en el
    ámbito de los Derechos Humanos, el alto Comisionado de la ONU,
    Navanethem Pillay, declara: “Hoy en día, las opiniones y conocimientos
    prácticos de la sociedad civil son vitales por parte del movimiento de
    Derechos Humanos en la búsqueda de la justicia e igualdad para todas las
    personas”.

    Un manual que promueve el trabajo de promoción de los Derechos Humanos
    no puede comenzar sin especificar a quiénes considera sociedad civil.
    Además de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, el
    manual define como miembros de la sociedad civil los grupos religiosos y
    comunitarios, las coaliciones y redes movilizadas en pos de defender
    derechos específicos, como los medioambientales, los de la mujer, los
    del niño; las víctimas o aquellos que necesitan atención por ser
    propensos de discriminación, como las personas con discapacidades,
    población indígena o afrodescendientes. Considera también sociedad civil
    a aquellos que, por sus profesiones, desempeñan naturalmente la
    protección de los Derechos Humanos, como los abogados, médicos y profesores.

    La composición de estos grupos no es evaluada numéricamente ni su
    pertinencia es sometida a escrutinio alguno. Tampoco le exigen a estos
    sujetos que estén inscritos como organizaciones; obstáculos todos que
    son establecidos en Cuba por la Ley de Asociaciones para limitar
    estatalmente el desempeño y crecimiento de la sociedad civil cubana.

    El Examen Periódico Universal y la Asociación Jurídica Cubana

    El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo reciente (2007) por
    el cual el Consejo de Derechos Humanos revisa cada cuatro años a los
    Estados miembros de la ONU respecto de sus obligaciones y compromisos.
    Según consta en el manual Trabajando con el Programa de las Naciones
    Unidas…, las bases del examen a que cada Estado parte es sometido son,
    por este orden: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración
    Universal de los Derechos Humanos, los instrumentos de Derechos Humanos
    del que el Estado es parte, las promesas y los compromisos que haya
    asumido voluntariamente, así como el Derecho Internacional Humanitario
    aplicable.

    El Estado cubano fue sometido a examen en los años 2009 y 2013. La
    segunda de estas ocasiones permitió la primera participación de la
    Asociación Jurídica Cubana (AJC) y otras organizaciones de la sociedad
    civil, con el sistema de Derechos Humanos.

    El Informe sobre la situación de los derechos civiles y políticos y los
    derechos económicos, sociales y culturales en Cuba fue la contribución
    de la AJC al Grupo de Trabajo de la ONU. Según Wilfredo Vallín, director
    de la AJC, “la AJC se reunió y estudió el mecanismo de hacer llegar el
    informe a las Naciones Unidas para el EPU, e hizo un informe. Yo pensé
    que no se iba a tener en cuenta; era la primera vez que hacíamos algo
    así. Al poco tiempo recibimos una respuesta donde no solamente se decía
    que lo aceptaban, sino que lo iban a incluir en el informe que se le iba
    a entregar al Gobierno cubano. Después nosotros vimos el documento y fue
    muy satisfactorio que se hubiera aceptado”.

    En su informe, la AJC analiza el marco normativo e institucional del
    Estado, donde se exponen las restricciones de las libertades
    fundamentales. La AJC expone que el marco legislativo cubano tiene,
    desde la misma Constitución, deficiencias claves que impiden el
    ejercicio soberano de los derechos. Como ejemplo cita el Artículo 62 de
    la Constitución que califica como punible el uso de los derechos
    definidos en su texto contra “la existencia y fines del Estado
    socialista”. En el código penal, la AJC encuentra la consecuencia
    inmediata de este artículo constitucional y describe que su artículo 91
    prevé condenas de diez a 20 años de prisión o la pena de muerte para “el
    que, en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto
    de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la
    integridad de su territorio”.

    Según el informe de la AJC, este artículo define mal la conducta que
    pretende prohibir, dejando al individuo procesado en riesgo de indefensión.

    Uno de los peligros de que extensas condenas de prisión, y la muerte,
    estén mal definidas en cualquier código penal, es que dejan la vida de
    los condenados al arbitrio de los jueces. En el caso cubano la gravedad
    se acrecienta desde el momento en que, constitucionalmente, el sistema
    legal está sometido a los órganos políticos. En el Artículo 128 de la
    Constitución se afirma categóricamente que “la Fiscalía General de la
    República constituye una unidad orgánica subordinada únicamente a la
    Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado” y que “el
    Fiscal General de la República recibe instrucciones directas del Consejo
    de Estado”.

    Al subordinar los órganos legales a los órganos de poder político se
    corre el peligro de que esta vía sea la utilizada por las elites de
    poder para desembarazarse de la oposición política. El déficit técnico
    no se establece para que prevalezca sin más, sino que ha sido esta,
    precisamente, la vía más utilizada por el castrismo para ejecutar a sus
    oponentes políticos, o enterrar vivos en celdas a un número
    extraordinario de opositores.

    Otros aspectos esenciales en el marco normativo analizado por la AJC, es
    el llamado “estado peligroso”. Definido en el código penal, puede llevar
    a alguien a la cárcel hasta por cuatro años por ser considerado proclive
    a cometer delitos, sin que estos hayan sido realizados.

    El informe de la AJC evalúa como positiva la firma, por el Estado cubano
    en el año 2008, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
    y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y exhorta al
    Gobierno cubano a ratificar ambos tratados, sin reservas y lo antes posible.

    Analizó también el informe la detención arbitraria, la detención sin
    cargos ni juicio y los juicios sin las debidas garantías; además del
    hostigamiento e intimidación de disidentes, críticos y observadores de
    los Derechos Humanos. Importantes elementos del análisis de la AJC
    quedaron reflejados en el Resumen preparado por la Oficina del Alto
    Comisionado para los Derechos Humanos.

    Junto con la AJC presentaron informes entonces, entre otras
    organizaciones: Alianza Democrática Oriental (ADO), Coalition of Cuban
    American Women (CCAW), Comisión Cubana de Derechos Humanos y
    Reconciliación Nacional (CCDHRN), Directorio Democrático Cubano (DDC),
    Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba (CRDHC), Coalición
    Central Opositora (CCO), Centro de Información Legal (CUBALEX),
    Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación Infantil (ACDEI) y
    el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

    La experiencia de Cubalex

    Mientras la sociedad cubana se ve atravesada permanentemente por
    escandalosas deposiciones de figuras gubernamentales, transiciones frías
    y, consecuentemente, un ensimismamiento de las figuras visibles de
    nuestra cerrada clase política, aquellos elementos de la sociedad civil
    que permanecen al margen del aparato estatal sorprenden por su
    diversidad y la calidad de sus competencias.

    Si en el año 2013 el EPU permitió el trabajo amplio de la sociedad
    civil, la presentación del Informe Sombra de la Convención para la
    Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el
    mismo año, ahondó la experiencia de Cubalex en el llamado Sistema de la ONU.

    El Centro de Información Legal, Cubalex, dirigido por la abogada Laritza
    Diversent, cubrió con su informe diversas deficiencias institucionales y
    sociales que se manifiestan en torno a la mujer en nuestro país. En su
    introducción, el informe destaca la dificultad que presenta la
    aplicación de las disposiciones constitucionales en Cuba, pues nuestra
    carta magna “tiene carácter de ley política, lo que imposibilita la
    interpretación y aplicación directa de sus preceptos”.

    La observación no es una simple acotación. Nuestro sistema de derechos,
    difuso y selectivo en su definición normativa y aplicación profesional,
    como había demostrado el informe de la AJC al EPU, tiene en el pobre
    alcance de la Constitución el peor punto de partida. Basándose en el
    Artículo 295 del código penal, que caracteriza el delito contra el
    derecho de igualdad, el informe de Cubalex pide a la Comisión que
    solicite al Gobierno cubano la información detallada de aquellos actos
    de discriminación de los que han sido víctimas las mujeres.

    El Estado cubano suele ahondar en generalidades sobre la protección
    legal de las personas en situación de vulnerabilidad pero se reserva,
    sin embargo, los datos precisos sobre la aplicación de su legislación en
    tales casos. El informe de Cubalex va dirigido, precisamente, contra esa
    práctica que impide valorar, de manera realista, la eficacia de la ley
    en la prevención de tales delitos y la valoración pormenorizada del
    fenómeno de la discriminación, en todas sus formas, en nuestro país.

    En otro apartado de su informe, Cubalex señala que no se contempla en
    nuestro código penal la violencia doméstica o de género y que nuestros
    órganos policiales carecen de la debida preparación para tratar los
    delitos relacionados con esta forma de discriminación.

    No deja de mencionar el informe la violencia “de policías y fuerzas
    paramilitares golpeando a mujeres opositoras, en particular las Damas de
    Blanco”. En otra parte añade el informe: “La detención arbitraria es uno
    de los métodos para impedirle ejercer sus derechos a expresarse,
    asociarse y manifestarse. En los centros de detención los agentes
    utilizan la violencia, la ofensa y el agravio sexual como medio de
    represión. Las encierran en calabozos sin condiciones higiénicas, y en
    ocasiones los servicios sanitarios no tienen privacidad ni son
    apropiados para las mujeres, llegando incluso a compartir celdas con
    hombres. En algunos casos las obligan a desnudarse o las desnudan por la
    fuerza, las obligan a hacer cuclillas para verificar si tienen objetos
    en sus genitales y se han reportado denuncia que le han introducido un
    bolígrafo en la vagina, bajo la justificación de que buscan objetos de
    grabación”.

    El informe de Cubalex a la CEDAW señala que las mujeres negras o
    afrodescendientes, que además se conducen de manera soberana desde el
    punto de vista político, sufren de manera especial, en el cuadro general
    de la violencia, por el color de su piel.

    Esto se escribía en el año 2013 y, desgraciadamente, los actos de esta
    naturaleza continúan vigentes hoy de una manera exagerada. El constante
    llamado a la violencia de unos cubanos contra otros, por más de 50 años,
    su legitimación ideológica, y la política del premio y castigo, ha
    producido en nuestro país una degeneración cívica en que la permisividad
    de la violencia cotidiana no deja de ser reflejo de la
    institucionalización de la violencia política.

    La Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación Infantil (ACDEI)

    Ya la ACDEI había participado con Cubalex en la elaboración de un
    informe para el EPU del año 2013. Aquella fue, según su directora Dora
    Leonor Mesa, “la primera experiencia de la ACDEI en el Sistema Universal
    de Derechos Humanos”.

    Después la Asociación se involucró en el trabajo con el Comité de los
    Derechos del niño de la ONU. Para ello envió sendos informes, primero al
    Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos del Niño relativo
    a la participación de los niños en los conflictos armados (OPAC), en
    abril de 2014 y luego al Protocolo Facultativo de la Convención sobre
    los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
    Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía (OPSC), en febrero
    de 2015.

    Estos protocolos complementan la Convención sobre los Derechos del Niño
    de la ONU. Todos han sido firmados y ratificados por Cuba, con lo cual
    asumió el compromiso de ajustarse a sus normas.

    El informe de la ACDEI llamó la atención del Comité de los Derechos del
    Niño acerca de las escuelas militares, tanto las pertenecientes al
    ejército, conocidas como “Camilitos”, como las pertenecientes al
    Ministerio del Interior. Basándose en sus recomendaciones, el Comité
    manifestó preocupación por que “niños de tan solo 14 años de edad puedan
    matricularse en escuelas militares administradas por las Fuerzas
    Armadas”. También preocupó al Comité “que la edad mínima para ingresar
    en una escuela militar de educación superior sea de 17 años y que se
    imparta entrenamiento militar, incluido el uso de armas, desde el primer
    año”.

    A resueltas de su preocupación, el Comité recomendó al Gobierno cubano
    que “prohíba todo entrenamiento de tipo militar, incluido el uso de
    armas de fuego, para niños menores de 18 años y que vele por que las
    escuelas militares para niños tengan en cuenta los principios de
    Derechos Humanos”.

    Uno de los apartados del informe de la ACDEI se titula “Participación de
    la niñez en actos represivos del derecho de reunión, manifestación
    pacífica y libertad de expresión para todos los cubanos”. Allí asegura
    que “son frecuentes los desfiles de carácter político-ideológico,
    convocados y organizados por el Gobierno, donde participan organismos
    estatales y otros bajo su control. Cuando organizaciones independientes
    de la sociedad civil se manifiestan pacíficamente, es común el repudio
    de paramilitares vestidos de civil, uniformados y ‘masas enardecidas’.
    Las autoridades incitan esas reacciones donde también participan los
    niños, niñas y adolescentes, incluso con sus uniformes escolares y
    acompañados por sus maestros, frecuentemente sin permiso de sus padres y
    familiares”.

    De este modo, la ACDEI señala una de las prácticas más descaradas de la
    represión política en Cuba. Abundan los videos y testimonios que dan
    cuenta de niños formando parte de los actos represivos organizados por
    paramilitares, en ocasiones llevados por sus propios maestros que se
    someten a sus órdenes.

    El documental Gusano (2014), realizado por Claudio Fuentes y Ailer
    González, ha sido quizás el documento que más fehacientemente ha
    mostrado este aspecto bárbaro de la represión castrista. Por eso es que
    entre sus observaciones, la ACDEI pide al Comité que aliente al Estado
    cubano a penalizar “severamente al que poniendo en peligro la seguridad
    de niñas, niños y adolescentes autorice o promueva su participación en
    actividades políticas represivas u otro tipo de acto violento, como los
    actos de repudio”.

    El Informe del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
    del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la
    Utilización de Niños en la Pornografía, de febrero de 2015, observa la
    deficiente difusión en Cuba de las disposiciones de este protocolo,
    básicamente entre los organismos implicados de su implementación, los
    centros de enseñanza, las fuerzas del orden, las instituciones médicas y
    las relacionadas con el turismo.

    El informe presentado por la ACDEI determinó que el Comité de los
    Derechos del niño refiriera la necesidad de que Cuba realice “campañas
    de información en el sector turístico sobre los efectos perniciosos de
    la utilización de niños en el turismo sexual, difunda ampliamente el
    Código Ético Mundial para el turismo entre los agentes de viajes y las
    agencias de turismo, y aliente a estas empresas a suscribir el Código de
    Conducta para la Protección de los Niños frente a la Explotación Sexual
    en el Turismo y la Industria de Viajes”.

    La ACDEI denuncia que el Estado cubano “no reconoce la práctica de la
    prostitución en Cuba, incluso declara que la prostitución infantil no es
    un problema, a pesar de evidencias cotidianas y diferentes
    investigaciones realizadas”. Denuncia también, luego de estudiar la
    legislación vigente, que “no existe una estructura adecuada para
    prevenir la trata de personas y la prostitución, y en consecuencia
    proteger a las mujeres, niñas, niños y adolescentes contra estos actos”.

    El documento de la ACDEI permitió al Comité manifestar su
    preocupación por que los delitos “previstos en el código penal como la
    corrupción de menores, se limiten a casos que afecten a menores de 16
    años”, porque el delito “de venta de niños no se haya definido
    exhaustivamente” y, porque “la definición del delito de utilización de
    niños en la pornografía no abarque adecuadamente todos los elementos
    previstos” en el Protocolo Facultativo.

    Se ha vuelto cotidiana la exigencia de que la legislación vigente eleve
    de 16 a 18 años la edad de responsabilidad penal de los adolescentes, lo
    que la atemperaría con las prácticas más difundidas internacionalmente.

    El informe de ACDEI expone la escasez de información para el trabajo
    general de la sociedad civil. Como antes lo señalaran la AJC y Cubalex,
    el bloqueo al acceso de estadísticas diversas y confiables arroja la
    mayor sospecha sobre los anuncios triunfalistas que el estado cubano
    hace de sus logros y alcances.

    La represión de los defensores de Derechos Humanos en Cuba

    Cualquier lector no informado podría pensar que las personas y
    asociaciones manejadas en este artículo son protegidas
    institucionalmente y que cualquier crimen contra ellos es objeto de
    especial atención institucional. Sin embargo, no es así.

    Julio Ferrer Tamayo, abogado que ha servido a la AJC, y en la actualidad
    es miembro de Cubalex, fue apresado varios meses bajo el cargo de
    desacato y en la actualidad enfrenta una condena de tres años, armada
    por un fraudulento cargo de falsificación de documentos. El trabajo de
    Wilfredo Vallín, Laritza Diversent y Dora Leonor Mesa, ha sido
    igualmente objeto de intimidación, calumnias y arrestos.

    Miguel García Valdés, esposo de Dora Leonor Mesa y campeón panamericano
    de gimnasia en los juegos de Cali de 1971, fue expulsado de su trabajo
    en la International School of Havana en marzo de 2013 cuando, como
    miembro de la ACDEI, preparaba el informe para el EPU. Según Dora Leonor
    Mesa, “allí fue donde descubrí que era defensora de Derechos Humanos,
    porque una trabajadora amiga de él, miembro del Partido Comunista de
    Cuba, le dijo que lo expulsaban porque su esposa era defensora de
    Derechos Humanos”.

    No obstante los aspectos represivos descritos, el trabajo de la sociedad
    civil cubana se abre paso para ilustrar, junto a los problemas naturales
    que encuentran los Derechos Humanos para su realización cabal, aquellos
    que son instrumentados estatalmente como forma de control económico y
    político.

    Source: La sociedad civil denuncia ante la ONU | Diario de Cuba –
    www.diariodecuba.com/cuba/1466040306_23106.html

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